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¿Sabes que es la Escuela de Gestión de Gerencias Legales?
¿Cuál es la tercera opción para llegar a ser socio de una firma legal?
Las opciones para convertirse en socio de una firma legal siempre han sido dos. Sigues la línea de carrera en una firma o creas tu propia firma. Sin embargo, existe otra forma de lograrlo, si es que tu perfil encaja en esa opción.
Lo que uno debe hacer en la primera opción, está claro. Destacar a lo largo de tu carrera y tener paciencia hasta que seas uno de los pocos elegidos que nombren socio en tu firma. Una desventaja de esta opción es que lamentablemente las firmas no forman socios, por lo que si no eres uno de los elegidos, no estarás listo si recién en ese momento decides convertirte en uno.
Para la segunda opción, debes tener el tiempo y recursos para desarrollar tu imagen corporativa (nombre, logo y piezas de marketing), crear tu empresa (lo ideal), buscar oficina y equiparla, abrir cuentas bancarias, hardware, software y otros. Claro que siempre es una opción trabajar de forma virtual y como profesional independiente, ¿pero esa es realmente la mejor opción para alguien que quiere y aspira a ser socio? Si no es así, se tendrá que hacer una inversión y asumir un costo fijo mensual por el alquiler de la oficina, por el personal de soporte, por los correos y página web, licencias, contabilidad, marketing y otros. También vas a tener que dedicar parte de tu tiempo a funciones indispensables, pero que no tienen que ver con el servicio estrictamente legal. Tendrás que hacer prospección de clientes, tendrás que coordinar la facturación de tus servicios, cobrar a tus clientes, hacer gestión administrativa, coordinar las acciones de marketing con tu proveedor o equipo, etc. Además, recuerda que a ti tampoco te prepararon para ser socio.
La tercera opción a la que me refiero es un híbrido entre la primera y la segunda opción. Es una opción que te da las ventajas de pertenecer a una firma grande y las ventajas e independencia de formar tu propia firma.
Existen muchos abogados que no quieren seguir en una firma grande y tradicional por diversas razones. Porque consideran que la exigencia y las metas son muy altas para el beneficio que perciben, porque prefieren más calidad de vida, porque son mamás y prefieren horarios flexibles y trabajo remoto, porque quieren ganar como socio y no quieren esperar más tiempo, y otra serie de razones. A esos abogados podemos sumar a los abogados de áreas legales que pueden tener esas mismas razones y otras más, como sentir que su trabajo no les resulta retador o se aburren con lo que hacen.
¿Qué pensarían si les digo que podrían convertirse en socios, acceder a los clientes que atienden los grandes despachos, cobrar lo que cobran las grandes firmas, trabajar el tiempo que quieran o puedan trabajar, no asumir costos fijos (todos sus costos serían variables), dedicarse sólo al trabajo estrictamente legal y dejar que especialistas se encarguen de la gestión de la firma, del marketing, del desarrollo de negocios y ventas, de la facturación, de la cobranza, y de todas las funciones de soporte? ¿Sería perfecto, no? Pues eso podría ser posible gracias a un modelo innovador y muy interesante que se está planeando implementar en Perú, pero con alcance regional a largo plazo (Colombia y Chile).
Una opción como la anterior debería convertirse en una relación de largo plazo, pero también puede resultar muy cómoda e interesante para aquellos que quieren ver cómo les va antes de hacer una inversión importante de tiempo y dinero para desarrollar y lanzar su propia firma.
Hace un tiempo ayudé a unos jóvenes asociados de un despacho importante a crear su propia firma y ellos tuvieron que efectuar una inversión significativa de tiempo y dinero para sacarla adelante. Aún cuando su proyecto se materializó, estoy seguro de que una opción como la que pronto podría existir, hubiera sido mucho mejor y se las hubiera recomendado.
El mundo legal viene ofreciendo nuevas opciones y modelos de negocio, principalmente en el mercado anglosajón, que van a hacer reaccionar a todos los que son parte del sector. Ello redundará en beneficios para todos, desde los abogados, hasta sus clientes. Lo importante es encontrar la mejor y más efectiva alternativa para tu perfil.
Entrevista Líder Legal
Fernando Razeto
Socio
Impuestos en las facturaciones de los servicios legales: tres modelos latinoamericanos
Según el Servicio de Impuestos Internos (SII) chileno, las “sociedad de profesionales” se entienden como una asociación de personas que prestan servicios o asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asociados. Esta definición no es trivial, ya que desde el 1 de enero próximo, quienes estén comprendidos bajo esta figura, que incluye a los abogados, contarán con una excepción para la aplicación del Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA), que actualmente es del 19%.
La nueva realidad se enmarca en la publicación de la Ley N° 21.420, en febrero pasado, que introdujo modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, buscando eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias con el fin de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente.
Ante este panorama surge la pregunta de si aquellas firmas legales que todavía no han constituido una sociedad de profesionales para operar cumplen o no con las características para hacerlo y si, en consecuencia, pueden recibir el beneficio. Y en otros países de Latinoamérica, ¿qué sucede ante situaciones similares?
Lo primero que se debe conocer son los requisitos establecidos para constituir esta clase de asociaciones. Al respecto, la abogada Soledad Recabarren, socia de Recabarren & Asociados y coordinadora académica del Magíster en Derecho Tributario de la Universidad Católica de Chile, explica que estos se detallan en la Circular N°50 del SII, emitida el 27 de octubre de este año, la cual, a su vez, indica que se deberá recurrir a las instrucciones vigentes impartidas por el mismo organismo en la Circular N°21, de 1991.
Una de las cortapisas más importantes, dice, es que la nueva norma exige estar conformado exclusivamente por personas naturales, dejando fuera a las sociedades de capital, como sociedades anónimas (S.A.), sociedades por acciones (SpA) o en comandita por acciones.
Y adicionalmente existe otro elemento a cumplir: deben tener por objeto exclusivo la prestación de servicios o asesorías profesionales y no oficios, los que deben ser realizados por intermedio de sus socios, asociados o con la colaboración de dependientes que contribuyan a ese fin.
“Todos deben ejercer sus profesiones para la sociedad, no siendo aceptable que uno o más de ellos aporten solo capital”, detalla Recabarren, añadiendo, además, que sus especialidades deben ser “idénticas, similares, afines o complementarias”.
Teniendo en cuenta estos requerimientos, asegura Patrick Humphreys, socio en el área tributaria de Garnham Abogados, no podrían estructurarse como tales aquellas oficinas que necesiten tener en su estructura de propiedad a otras sociedades.
“El caso más habitual es que el socio entra en la firma a través de su sociedad de inversiones personal o familiar, lo que no podría darse en este caso”, afirma.
Otro caso complejo es el que podría darse cuando existen socios que no están efectivamente trabajando en la empresa, como suele ocurrir con algunos fundadores que, pese a mantenerse dentro de la sociedad, en los hechos ya no se desempeñan en ella y, explica, “lamentablemente ellos podrían tener que verse forzados a dejarla”.
Particularidades de la medida
El motivo por el cual se realiza una exención del cobro de IVA a estas sociedades de profesionales, plantea Humphreys, está vinculado al hecho de que el Poder Legislativo ha estimado que ciertos servicios personales no deben tributar con este impuesto, “ya sea por razones políticas, de justicia o técnicas, como el hecho de que generalmente no se estructuran como empresa o son poco demandantes de bienes o servicios afectos, con lo que se genera una suerte de distorsión al tener poco ‘crédito fiscal por IVA’ al que echar mano en sus labores”.
Respecto del método por el que el SII asegurará el cumplimiento de la medida, Recabarren asegura que será clave la declaración anual de socios, que debiera incluir solo a personas naturales o a otras asociaciones constituidas bajo la misma figura e integrada por personas naturales.
“Los ingresos deben provenir mayoritariamente de servicios profesionales, lo que se debiera sacar de declaraciones juradas y fiscalización de la sociedad”, añade.
¿Cuál es la ventaja de efectuar esta organización? Lo principal es que evita la pérdida de competitividad que la nueva ley puede generar a la compañía respecto de ciertos clientes, que como individuos o empresas no contribuyentes de este impuesto deben costear el IVA como consumidores finales, comenta Macarena Bedregal, abogada tributaria en Chirgwin.
“Si se compara la situación de asesores extranjeros, a los que se les podría aplicar una tasa reducida de retención por renta y eximirse de la aplicación del IVA, los profesionales chilenos no estructurados como sociedades de profesionales corren con bastante desventaja, ya que se encarece su producto para las personas naturales y no contribuyente de este impuesto”, precisa.
La situación en Perú y México
“No ha habido nunca una excepción, al menos en los últimos 10 años”, dice Wilfredo Murillo, socio de Gericó Associates, sobre el Impuesto General a las Ventas (IGV) —símil del IVA chileno— y que en Perú las firmas jurídicas siempre han pagado por las prestaciones de sus servicios.
Durante la pandemia, añade, “tampoco hubo una ley que exonerara el IGV a tales empresas”. Pese a ello, sí ha existido una discusión respecto a lo que se debe cobrar a nivel general en el país, que actualmente es del 18%.
“Hemos tenido variaciones en cuanto al porcentaje y hay industrias, como las del turismo, a las que por temas de reactivación económica pospandemia sí se les está exonerando el IGV; pero nunca ha habido una conversación, o al menos una discusión de gran escala, sobre si los abogados o las empresas de servicios deberían emitir sus comprobantes sin este impuesto”, asegura.
Otro escenario es el de los profesionales que emiten boletas de honorarios y a los cuales no se les efectúa un cargo específico del IGV, porque se entiende que el impuesto está incluido en ese monto. Esta situación, explica Murillo, “pasa con mucha regularidad en el tema de arbitraje, donde los abogados no trabajan como parte del estudio y tienen que cobrar como independientes”.
En México la situación es similar a la de Perú: el IVA —que comparte el nombre con el impuesto chileno, aunque en tiene una tasa del 16%— debe verse reflejado en la factura que la firma jurídica emite a sus clientes, sin excepciones.
“Nunca he escuchado que se tenga la intención de hacer tal exoneración, por lo menos a corto o mediano plazo; al contrario, lo que percibimos es que siempre se busca aumentar los impuestos y gravar más objetos”, dice Héctor Javier Estrada, asistente de Vicepresidencia de Administración y Supervisión de Visitas Regulatorias para México de Citibanamex.
Una evaluación que comparte Rubén Bocanegra, socio en el área tributaria de Sabag, Becker & Gerrit-Cohen: “Tenemos el mismo problema que en algunas otras jurisdicciones latinoamericanas. ¿Quién está legalmente obligado por el pago del IVA? Si es un impuesto que grava el consumo y, por ende, deberá ser trasladable al consumidor final, no debiese incluirse dentro de nuestros honorarios como abogados”.
Pese a ello, hay algunas graduaciones y, por ejemplo, cuando los servicios de asesoría legal serán exportados y utilizados en otro país, la tasa de IVA en México es de 0%.
Esa misma excepción ocurre, a nivel interno, con algunas industrias, precisa Bocanegra, como servicios de enseñanza, transporte público, contratación de seguros de vida o seguros de garantía financiera y la operación de la administración de los fondos de ahorro para el retiro
Lo más importante para el desarrollo de una firma o área legal
En muchas de mis conversaciones con abogados, tanto de firmas legales como de áreas legales corporativas, encuentro que
ellos saben que deben hacer algo para mejorar y varios tienen muy buenas ideas, pero la mayoría no tiene en cuenta qué
iniciativas aisladas y, sobre todo, desconectadas de los objetivos de su organización, pueden resultar en un gasto en lugar de una inversión. Es más, dichas iniciativas podrían incluso terminar afectando o impidiendo el logro de los objetivos.
Toda organización debe tener muy claro sus objetivos, pero es bastante común que muchas no los tengan. He visto casos en donde, por ejemplo, los socios de una firma legal no tienen por escrito sus objetivos, pero creen coincidir en ellos. Sin embargo, cuando se sentaron a hablar al respecto tenían puntos de vista muy distintos. Siguiendo con ese ejemplo, todos los socios coincidían que un objetivo debía ser crecer, pero para algunos ello implicaba llegar a tener oficinas propias en algunos países de la región y para otros, implicaba simplemente tener 10 abogados más. Por ello, antes de implementar cualquier iniciativa se debe tener los objetivos de la empresa claramente definidos.
Lo más importante para el desarrollo de una firma o área legal es tener objetivos claros. A partir de ello, todos los demás
aspectos de la firma o del área se deben alinear a los mismos. Es decir, todo lo que se haga debe ayudar a lograr ello. Desde cómo se estructura la organización o el área, pasando por cómo se organiza el trabajo, hasta el perfil de los abogados a contratar.
Muchas veces las organizaciones no dedican tiempo a definir sus objetivos porque, por un lado, creen que todos sus miembros los tienen claros y piensan igual y, por otro, creen que solo lo lograrán contratando a algún consultor que los involucrará en un proceso tedioso, del cual no entenderán mucho y que al final les dejará un documento que terminarán archivando. Sin embargo, eso no debe ser así. Sin duda, tener la asesoría de un profesional ayudaría muchísimo, pero dicho profesional debe ser un facilitador y debe ser práctico. El fin de ese esfuerzo no debe ser desarrollar un documento que casi siempre termina archivado, sino más bien lograr que al final todos tengan bien claro cuáles son los objetivos de la organización. Ello puede significar simplemente un párrafo o unos pocos bullets. En el caso de las áreas legales se debe tener en cuenta que forman parte de una organización más grande que ya debe contar con objetivos claros y se deben asegurar de alinear a ellos todo lo que hagan.
En realidad, definir los objetivos es algo que debería ser muy sencillo, pero es sumamente importante para tener claro hacia dónde vamos de modo que se puedan desarrollar las estrategias que ayuden a lograr dicho fin. Ello va a implicar definir un plan detallado con tareas, recursos y asignación de responsabilidades. Llevarlo a cabo de esa manera va a permitir establecer metas realistas, pero siempre alineadas a los objetivos de la organización.
Me tomó un tiempo decidir escribir un artículo sobre este tema porque es algo que para muchos se da por descontado en cualquier organización, pero para mí resulta sorprendente la gran cantidad de organizaciones que no toman en cuenta algo tan básico. No pongamos la carreta delante de los caballos y no mal gastemos nuestros recursos si no tenemos claro cuáles son los objetivos de la organización.
Profesionalizando la gestión en el sector legal
Por Fernando Razeto, consultor en management de firmas de abogados y exgerente general de Miranda & Amado
Cuándo empecé a trabajar en el sector legal, hace unos 16 años atrás, lo primero que hice fue buscar toda la información posible sobre el sector y específicamente, sobre la gestión de firmas de abogados. En ese momento casi no había información en español, pero sí había bastante en inglés. Recuerdo mucho que llamó mi atención encontrar una revista americana llamada “Law Inc” que giraba sobre temas de gestión de una firma, pero propulsando que dichas organizaciones eran o debían gestionarse como cualquier otra empresa, aunque claro, con sus particularidades. Desde esa época las cosas han evolucionado, pero no tanto como hubiera imaginado y debería haber sido. Es entendible que si a las grandes firmas, que son las referentes del sector, les ha ido tan bien con el modelo vigente, exista resistencia a cambiar de manera sustancial. Es cierto que se ha evolucionado (por lo menos ya se habla de LPM, gestión por indicadores,
Soy un convencido que algún día se va a lograr un cambio sustantivo e irreversible, aunque confieso no tener claro cuándo sucederá. El primer paso, que creo algunos pocos ya lo han dado o lo están dando, es cambiar el chip para entender que una firma de abogados es una empresa. Habiendo asumido ello, será más fácil entender también que, sin importar el tamaño de la firma, es indispensable profesionalizar la gestión. Históricamente eso implicaba asignarle el cargo de “administrador(a)” a alguien que no necesariamente estaba preparado y/o formado para ello. Dicha solución rara vez genera el impacto que se debe esperar porque simplemente se está administrando una firma como si fuera una casa y peor aún, en ello se tiene que involucrar un socio que seguramente es un abogado brillante, pero no está formado para ello y está dedicando demasiado tiempo que se podría estar facturando a los clientes.
Lamentablemente, la mayoría de los despachos no pueden contratar un gerente general o un gestor con la experiencia debida para que profesionalice la gestión de su firma y la ayude a llevarla a otro nivel de desempeño y rentabilidad, pero siempre existen formas de hacerlo. Por ejemplo, se puede contratar a un consultor o se puede formar a alguien joven dentro de la firma. Esta última es una opción que ahora muchas empresas, de todos los rubros, están implementando con el apoyo de un “coach” que contratan por un periodo corto de tiempo y cuya única función es entrenar al futuro(a) gestor(a) de la empresa. Esa es una opción asequible y muy efectiva para pequeñas y medianas firmas, algo en lo que en más de una oportunidad me ha tocado ayudar.
¿Pero qué viene después? Bueno, ¡un paso a la vez! Primero consolidemos la base y los fundamentos y luego iremos implementando soluciones cada vez más sofisticadas de gestión.
Finalmente, es importante tener siempre claro que es cierto que los abogados no necesitan del legaltech y “esas cosas” para hacer su trabajo, pero también es cierto que ello mejora sustancialmente su trabajo de cara al cliente. Para entender y aceptarlo, hay que pensar para quién hace su trabajo el abogado y qué esperan ellos (un trabajo legal de calidad, pero también eficiente desde el punto de vista de tiempo y costo). Entonces, profesionalicemos la gestión de la firma para mejorar el servicio integral que se presta al cliente, pero pensando en lo que ellos esperan recibir.
“Si el Perú invierte en tecnología legal, en 5 años seremos líderes ”
En los últimos años la tecnología ha tomado gran protagonismo en todas las industrias y rubros. Fintech en el sistema financiero, Edtech al sector educación y Legaltech asociado a los servicios legales y profesiones jurídicas.
Se le denomina legaltech a la industria que se dedica a crear software y todo tipo de servicio tecnológico enfocados en el sector legal, lo que ha permitido a las empresas de servicios jurídicos mejorar sus requerimientos y trámites. Asimismo, optimizar su eficiencia, rentabilidad y generar ahorros significativos.
Por ello, Infomercado conversó con Wilfredo Murillo, socio en Perú de la consultora Gerico Associate, para conocer el desarrollo e implementación de esta tecnología en las organizaciones peruanas.
¿Cómo Legaltech contribuye a facilitar el trabajo de un abogado?
La tecnología legal permite a las empresas de servicios jurídicos desarrollar un trabajo más eficiente y rápido, es así que Legaltech optimiza documentos, acelera trámites, simplifica relaciones entre abogados y clientes y permite a los usuarios a acceder a servicios jurídicos a través de las plataformas y web, también aligera y mejorar la eficiencia de las tareas de un abogado, reduciendo el número de horas necesarias.
¿Cuál es el impacto que viene teniendo en las profesiones jurídicas?
Cuando hablamos de profesiones jurídicas, con Legaltech la información es inmediata, antes leías gran cantidad de documentos para sacar o conocer temas específicamente involucrados a procesos judiciales, hoy ya no es así. Esta tecnología muchas veces permite que la respuesta por parte de la profesión sea más inmediata.Noticias relacionadas: Doctocliq, la empresa ganadora del Startup Perú llevará tecnología a más de 1,000 consultorios
Los clientes actualmente buscan un servicio transparente, recordemos que así como en otros rubros el usuario exige, en esta profesión se espera obtener la misma respuesta.
¿Desde cuándo se habla de Legaltech en Perú?
Las primeras contrataciones que se han hecho están vinculadas a lo que son software de gestión hace aproximadamente ocho años, luego lo que siguió en el Perú fueron los software de gestión documental, lo que le permitió a los abogados facilitar los procesos de documentación por casos y clientes.
A partir de los últimos 5 años se habla del Legaltech como forma de acelerar la gestión burocrática y el acceso a la información de uso común entre abogados y firmas.
Actualmente vemos nuevas propuestas de diversos tipos para un Marketplace jurídico, un lugar donde las personas puedan adquirir servicios a través de plataformas digitales. Tal es el caso de plataformas para contratar abogados, es decir, lugares donde puedes solicitar tener una necesidad y puedan brindarte el tipo de abogado que necesites.
¿Cuál es la situación de las Startup que involucran tecnología legal actualmente en el Perú?
En el Perú hay propuestas de Legaltech que han sido parte de la premiación de lo que es Startup Perú, que es parte de la iniciativa del Ministerio de Producción (PRDUCE) que financia emprendimientos tecnológicos. Entonces ya existe una comunidad de 28 startup que ya han tenido un periodo de consolidación en el Perú.
Ahora muchos emprendimientos están en fase inicial, pero cada vez existen nuevos emprendimientos vinculados al uso de la tecnología para brindar servicios legales.
En 2021, ¿Cuánto de ingresos generó el mercado de tecnología Legal?
En 2021 el mercado global de tecnología generó ingresos de más de 18 mil millones de dólares y para 2025 se espera que esta cifra alcance los más de 25 mil millones.
¿Cuáles son los beneficios económicos generados tras la implementación de esta tecnología?
Este proceso te ayuda a principalmente a reducir costos basados en que te enfocas en trabajo menos operativo, es decir, si antes para cada 100 contratos necesitabas 1 abogado, imaginemos un sistema que te permite revisar esos contratos de forma sistematizada, entonces cuántas personas se reducirían a nivel costo, y lo que hace finalmente que el abogado genere más valor.
Entonces este impacto se ve reflejado en reducción de costos y mejora de eficiencias.
Pero, ¿todos invierten en tecnología?
En los despachos pequeños de tres personas por ejemplo invertir en estas plataformas resulta complicado, para ellos es un costo grande. Un punto importante es que no existen soluciones masivas de bajo costo, la tecnología aún tiene una barrera de costo de menor capacidad.
Uno de los retos importantes es crear tecnología más accesible a bajo costos.
Cuando hablamos de Legaltech, específicamente involucra al sector privado ¿Qué pasa con el sector público?
Por más que el privado se esfuerce en impulsar la transformación digital de sus servicios, la barrera que más encontramos es que aún no hay esa transformación a la par por parte del sector público, que es con quien más interactúan los abogados, ya sea la fiscalía, el poder judicial, la procuraduría, entre otros.
Por ejemplo, tú siendo parte del sector privado puedes dar una respuesta a tu cliente en menos de cinco minutos, esta al trasladarse a una entidad pública ya tiene proceso de retraso.
Transformación en servicios públicos
El proceso de Legaltech es en estas entidades precisamente que podría tomar mayor fuerza , por muchos de los abogados necesitamos información de las entidades públicas para poder hacer data, analítica e implementar inteligencia artificial, para ello se necesita un plan de transformación por parte del sector público que tiene una vinculación con el derecho para poder evolucionar rápidamente.
También ello implica que muchos emprendimientos se ven con esa limitante, que no hay automatización y sistematización de datos que emiten las entidades públicas para desarrollar emprendimientos.
¿Cuál es el futuro de Legaltech?
El futuro del Legaltech está en crear espacios integradores, conexión entre el estado, las empresas y los abogados que facilite los procesos y haga más accesible la información.
Así como el foro que se llevará a cabo el 7 de julio, el cual involucra abogados, empresarios y la sociedad y tiene como principal eje, el cómo la tecnología legal contribuye a las organizaciones
Si seguimos en esta línea , dentro de 5 años, el Perú se puede convertirse en un referente de invocación.
“El sector legal es importante para la economía de los países”
A un mes de la realización de manera presencial del Foro Legal Latinoamericano -que se perfila como uno de los eventos más importantes del derecho corporativo y público de Sudamérica- Wilfredo Murillo, de la consultora Gericó, señala que el evento cobra suma importancia con miras a la reactivación económica que deberán impulsar los países del continente tras la pandemia.
“El sector legal se relaciona con todos los ámbitos de la economía, y tras la reactivación tendrá un papel de gran relevancia”, indicó en la entrevista.
También, abordó el desarrollo del arbitraje en su país y en Latinoamérica, como el medio por excelencia para resolver conflictos jurídicos entre privados. “Ha tomado protagonismo los últimos 5 años porque da certeza jurídica, más allá del ámbito puramente jurisdiccional”, señala.
El profesional, no deja de lado su visión sobre el estado de la abogacía en el Perú, los desafíos que tiene la administración de justicia y el rol de los abogados para mejorar estándares en accountabillity, rendición de cuentas y transparencia del sistema, frente a las actividades de corrupción que ha marcado la vida política y económica de varios países del conosur.
Ve la entrevista completa en:
Inversión empresarial: ¿Cómo mantener la inversión extranjera en medio de conflictos sociales?
Las inversiones mineras en Perú sumaron 60.000 millones de dólares en los últimos diez años; sin embargo, tras los conflictos sociales el atractivo minero del país, está en su momento más crítico.
Actualmente, los conflictos sociales en el Perú suman 209, convirtiéndose en el mayor número desde febrero del 2017, según indica un informe realizado por la Defensoría del Pueblo. De estos, 160 están activas y 49 latentes; asimismo, surgieron cuatro nuevos conflictos, de tipo comunal, nacional, local y socio ambiental, según este informe.
Para Wilfredo Murillo, abogado y socio en Perú, de la consultora Gericó Associates, estos conflictos generan que la inversión extranjera no avance, y sectores como el de minería, paralicen sus actividades.
“Estos conflictos sociales reducirán el valor de las exportaciones mineras en US $650 millones en el 2022, según estima Apoyo Consultores, lo que significaría que el Estado dejará de percibir US $280 millones, de acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
En ese escenario, es importante mantener la inversión privada en el mercado local para no dejar que nuestro Producto Bruto Interno (PBI) se reduzca”, destaca el especialista.
Cabe destacar, que las inversiones mineras en Perú, que sumaron 60.000 millones de dólares en los últimos diez años, se muestran esquivas en el futuro cercano por los conflictos sociales, esto a generado que el atractivo minero del Perú se encuentra en su peor nivel, según la última Encuesta Anual de Empresas Mineras del Fraser Institute.
Precisamente, con la finalidad de destacar la importancia de la inversión extranjera, el próximo 7 julio se realizará la XIII edición del Foro Legal Latinoamericano, espacio en el que se hablará sobre temas empresariales y de inversión. En ese sentido, el especialista da a conocer algunas recomendaciones que ayudarán a mantener la inversión en un contexto de crisis:
- Hacer frente a cualquier percepción de incertidumbre: Aunque las condiciones económicas en el Perú son estables, una empresa debe presentar un reporte que indique cuáles son los riesgos probables y cómo los enfrentaría exitosamente en sus operaciones financieras. Para gestionar todos estos aspectos, es necesario conocer los aspectos legales en cuanto a acuerdos comerciales, finanzas corporativas internacionales, contabilidad y presupuestos, entre otros.
- Ofrecer soluciones sostenibles. Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar un clima adecuado para las inversiones y ofrecer soluciones sostenibles y oportunas a los conflictos sociales. Si no se logran estos objetivos, no solo se desaprovechan el actual período de precios altos, sino que el agotamiento de recursos pondría en riesgo una de las actividades que más aportan a la economía peruana.
- Proporcionar garantías. En cualquier tipo de inversión, las garantías son claves para retener y ampliar los flujos a largo plazo. Para ello, es importante explicar y otorgar protecciones legales que se incluyan en el proceso de inversión.
- Evidenciar el impacto positivo en el desarrollo económico del país. Es necesario que los ciudadanos tengan un conocimiento real sobre la inversión privada, ya que en muchas ocasiones, la falta de conocimiento del tema, genera que se inicien protestas sin fundamento.
El optimismo en la inversión en el Perú
Wilfredo Murillo, abogado y socio en Perú de la consultora Gericó Associates, escribió que para que el Perú crezca económicamente se debe involucrar “no solo al estado, sino a las instituciones a las empresas y a la sociedad”,
Este primer trimestre, existe un escepticismo casi mayoritario al crecimiento de la inversión en el país, no obstante, debemos tener en cuenta que no dejará de existir inversión, solo que la misma no tendrá una tendencia a la alza, como ha sido tal vez, lo recurrente en los últimos 10 años, -exceptuando el 2020 a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19-, año en el que la inversión privada llegó a 120 mil 607 millones de soles. Sin embargo, para el 2021, con la reactivación progresiva de las actividades económicas, se alcanzó una inversión privada de 179 mil 730 millones y de 40 mil 459 millones en inversión pública, que sumados alcanzaron 220 mil 189 millones en inversión bruta fija, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
A veces, la idea de crecer a nivel de inversión es un atractivo y una meta como país, pero tal vez debamos aprovechar para este año, enfocarnos en crear mejores escenarios o condiciones para no depender de coyunturas, sean políticas o sociales, para que Perú siga siendo un destino para industrias que tienen mucho potencial de desarrollo local y regional.
Recientemente, en un evento organizado por el Sector Legal de la CCL (el primer gremio de empresas vinculadas con los servicios legales), desarrolló una mesa de trabajo de dos días, donde una de las reflexiones extraídas, es que cuando los entes ejes de las regulaciones e inversiones, tienen independencia y autonomía en su desarrollo institucional, la confianza por parte de las empresas crece, pues se sabe que estás responden a una visión a largo plazo. Entonces, es aquí donde habría comenzar a trabajar.
Otro factor, pensado en fortalecerse y que puede influir en el optimismo de las inversiones, es lo referente a la seguridad jurídica, pero entiéndase que no solo es, respetar los acuerdos y reglas entre el estado y los particulares, sino que la creación del marco jurídico positivo sea coherente con las necesidades del país, que nuevamente, no responda a interés o visiones de corto plazo. Por ello, se hace necesario el reforzar la integración de los diversos actores, desde el órgano legislativo, las instituciones vinculadas a la inversión, los empresarios y sobre todo la sociedad, adecuadamente representanta, participen en la creación de estos marcos jurídicos, pues frente a una posible afectación de esta, todos ellos velarán al haber sido involucrados.
En esa línea, creo que las inversiones en el Perú, presentan una oportunidad de mejora, pues, hoy hay un sector de la población, que asocia el concepto de inversión a crecimiento, pero debemos tener en cuenta que por experiencias pasadas o por temores mal creados, aún tenemos una población escéptica de los beneficios de la inversión y es aquí donde tenemos una oportunidad. Las inversiones no solo deben ser sinónimo de crecimiento económico, sino que deben estar posicionados a responsabilidad e impacto social, es necesario cambiar ese mal posicionamiento que se tiene, por ello, esta también en manos de empresarios e inversionistas el trabajar en ello.
Finalmente, las cifras nos dicen que hemos crecido a lo largo de los años, tal vez sea momento de madurar y eso sea hacer una pausa para crear mejores condiciones, con una visión de largo plazo, pero en esta oportunidad, involucremos no solo al estado, sino a las instituciones a las empresas y a la sociedad.