Abogados se especializan de cara a la globalización de los negocios

Abogados se especializan de cara a la globalización de los negocios

La especialización jurídica es tan diversa que hoy ya no solo comprende áreas como fusiones y adquisiciones, penal o tributaria. En los bufetes hay desde derecho financiero y propiedad intelectual, pasando por ambiental y startups, hasta áreas de práctica de variedades vegetales.

El mundo jurídico no ha sido ajeno a la globalización de los negocios: los despachos que antes se enfocaban en ramas como laboral, civil, penal o familia, hoy están tan diversificados que, además de las tradicionales, existen áreas de práctica antes inimaginables: medio ambiente, fusiones y adquisiciones, energía y recursos naturales, telecomunicaciones, hasta startups, deportes e incluso especializadas en variedades vegetales.

La globalización, en especial en materia económica, y la inserción de Colombia en el ámbito internacional han producido importantes efectos en nuestras estructuras sociales y jurídicas, creando la necesidad de ampliar las áreas de práctica en los derechos denominados globalizados para así responder a las nuevas realidades en este contexto”, explica Hernando Sánchez, profesor universitario y árbitro y conciliador de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

En un país con una oferta amplia de abogados en todos los niveles –entre 2005 y 2014 se graduaron 4.068 magíster y 96 en doctorado en derecho o áreas afines, según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)–, el ejercicio de esta disciplina ofrece un panorama de posibilidades para desempeñarse profesionalmente que es transversal al discurrir del Estado y a la vida de sus habitantes.

Según Alberto Acevedo, socio local de la firma Garrigues Colombia, “la práctica del Derecho responde a las necesidades de la economía y las actividades comerciales. A medida que surgen nuevas necesidades, el Derecho se ajusta y busca otorgar soluciones a las nuevas situaciones. En el pasado, la práctica jurídica se centraba en aspectos de derecho civil, familia y penal. Hoy en día, el mundo jurídico se enfrenta a situaciones como la regulación del mercado de valores, las adquisiciones de empresas, planeaciones tributarias y muchos otros temas que escapan de las áreas más tradicionales”.

Para cumplir con las expectativas de la demanda actual, los prestadores de servicios jurídicos se ven en la necesidad de abrir nuevas áreas de práctica. En las grandes firmas, agrega, las más comunes son contratos y corporativo, litigios, fusiones y adquisiciones, financiero y mercado de valores, inmobiliario, tributario, penal, administrativo y laboral. Sin embargo, también se destacan áreas de prácticas ‘exóticas’ como aeronáutica, de la imagen, entretenimiento, venture capital y deportes, por citar algunas de ellas.

Entre ellas podía decirse que las más novedosas serían fusiones y adquisiciones y mercado de valores. Sin embargo, hay áreas tradicionales que enfrentan cuestiones novedosas como las APP (Alianzas Público Privadas) en el área de administrativo y garantías mobiliarias para contratos. La evolución del Derecho obliga a las áreas tradicionales a reinventarse y terminar ocupándose de asuntos muy novedosos”, destaca Acevedo.

Lo cierto es que la especialización del Derecho está llegando a niveles que antes no se conocían y, aunque cuantificar dichas áreas puede ser una tarea extensa y compleja, los expertos señalan tendencias crecientes en ramas como el derecho ambiental, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, la resolución de conflictos, las inversiones extranjeras e inmigración, entre otras.

Sin embargo, aunque hay un mayor número de prácticas, el mercado jurídico colombiano aún está ‘crudo’ en una mayor especialización. En ese sentido, el jurista Diego Muñoz Tamayo, socio principal de MTA & Asociados, afirma que estamos lejos de lo que se ve en otras economías. “La expansión de áreas de práctica es un fenómeno mundial que se viene reflejando en Colombia, pero usted va a Estados Unidos y ve el resultado de una gran abundancia normativa y se cuenta con subespecializaciones particulares como contratos de leasing para turbinas de aviones. Aquí aún no”, comenta el jurista.

Alfonso Miranda, socio de Esguerra Asesores Jurídicos, agrega otros campos de acción novedosos para los abogados y que toman fuerza en el país, como el derecho de la competencia y el consumo, el derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), la protección de datos personales, el derecho minero-energético, el derecho marítimo y el de salud.

“En mi caso podría decir que la modernización de las normas de libre y leal competencia, la importante actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio en la investigación de prácticas anticompetitivas y el control de las concentraciones empresariales han generado una gran cantidad de trabajo para los abogados de competencia que hace 20 años no existían”, agrega.

El sector minero-energético no solo se convirtió en la principal base exportadora (48,4% en 2015, según el Dane) y de ingresos fiscales del país, sino en un territorio expedito para el ejercicio del derecho; antes por la bonanza, y hoy de moda en los bufetes por aspectos como reestructuración de pasivos e insolvencia. “Menos conocidos, pero muy importantes, son casos como el de la actividad minera y extractiva, cuya creciente complejidad legal ha implicado la integración de sofisticadas áreas de práctica de recursos naturales que respondan a las distintas inquietudes de quienes desarrollan estos importantes esfuerzos económicos”, reseña Ignacio Santamaría, socio de Lloreda Camacho & Co.

La música, la cultura y el arte no solo le ofrecen al país satisfacción en otras latitudes con artistas globales como Shakira, Fernando Botero o Sofía Vergara, sino que ahora requiere de la presencia de firmas legales y abogados especializados para asesorar y dirimir potenciales confrontaciones internas y externas.

“El derecho del entretenimiento ha impuesto retos a la profesión. La producción de una obra audiovisual es un ejemplo. La imagen de los artistas y los contratos para la producción de obras audiovisuales imponen desafíos en múltiples aspectos de derechos de autor, derecho laboral y derechos de propiedad industrial, así como marcos tributarios complejos que requieren de especialización en el producto”, explica Pablo Márquez, socio de Márquez, Barrera, Castañeda & Ramírez Consultores.

La red de la información es otro ámbito que expande el quehacer legal, según agrega Márquez, gracias a la mayor penetración de lo digital en el país: mientras en 2010 había 3’073.948 suscripciones a banda ancha, en el cuarto trimestre de 2015 subieron a 12’436.380, según el Ministerio TIC. “Internet o la prestación de servicios o acceso a contenidos de realidad virtual, como servicios aparentemente no regulados, imponen muchos retos en cuanto a la prestación de servicios se trata y al desarrollo de contratos o términos de servicio adaptados a la regulación”, manifiesta este jurista.

Otros terrenos abonados para el manejo de litigios de diversa índole son el acceso al crédito y el respaldo utilizado por los usuarios para soportarlo ante las entidades bancarias y/o financieras, y el proceso de modernización de la infraestructura del país –carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y vías fluviales– que introdujo el esquema de contratación de las APP.

La Ley de Garantías Mobiliarias (1676 de 2013) ha obligado a los operadores jurídicos a replantear la forma de constituir colaterales o de cómo ejecutarlos. Otro ejemplo es el régimen de Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), que permite el desarrollo de obras de infraestructura con iniciativa y capital privado”, explica Alberto Acevedo.

El proceso de paz, con la inminente firma del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, también ofrece desafíos para los profesionales de esta disciplina. “Otras áreas de práctica se comienzan a imponer, como las relativas al derecho penal internacional y la protección internacional de los derechos humanos frente a las circunstancias particulares del posconflicto en el Estado y la sociedad colombianos”, afirma Hernando Sánchez, profesor universitario.

La promoción y protección de las inversiones hacen de un país un espacio más atractivo para la llegada de nuevos flujos de capital, agrega Sánchez, y en medio de la expansión de los mercados experimentada en la última década, el conocimiento legal se convierte en un activo fundamental de los Estados. Incluso ProColombia, entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, elabora un directorio con las firmas y sus áreas de práctica destinada a los inversionistas foráneos.

En el derecho de familia se ha generado una expansión temática en el país. Han aparecido subcategorías especializadas en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como los niños, las mujeres y la comunidad LGBTI.

Por eso hoy se ofrece de todo como en botica en las firmas de abogados: banca y sector financiero, mercados de capitales, competencia, fusiones y adquisiciones, resolución de conflictos, energía y recursos naturales, medioambiente, seguros, propiedad intelectual, marcas, comercio internacional, laboral, ciencias biológicas, infraestructura, derecho público, inmobiliario, tributario y telecomunicaciones, son algunas de ellas.

La formación

El abordaje de cada una de las áreas de práctica ha obligado a las universidades colombianas a introducir cambios en los pénsum y a la creación de nuevos programas de estudio. Incluso, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Resolución 2768 de 2003, ordena que “la flexibilidad curricular debe atender, por un lado, la capacidad del programa para ajustarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y, por el otro, las capacidades, vocaciones e intereses particulares de los estudiantes”.

Según explica Camilo Borrero, profesor titular y coordinador del Doctorado de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, este proceso de cambio “va en camino” y hoy ofrece una temática más amplia en los estudios de pregrado y posgrado.

“Hay temas como contratación estatal, justicia transicional, derechos del consumidor o ambiente que hubieran no solo sonado extraños a oídos de una generación anterior, sino que definitivamente no hubieran logrado un público para sostenerse, pero hoy son asiduamente demandados a las universidades”, afirma el académico.

Explica adicionalmente que en el pénsum de pregrado hoy cohabitan cátedras nuevas como derecho e internet, género y derecho, ecología y derecho, antropología jurídica, derechos étnicos y similares con los cursos considerados tradicionales como obligaciones, contratos, procesales y demás. “Hay innovación en medio de una base enormemente conservadora de prácticas”, enfatiza el profesor Borrero.

Para Mariana Posse, experta en Asuntos Bancarios de Posse Herrera Ruiz, prácticas como la suya se desarrollan en la actualidad por el especial desarrollo de proyectos de infraestructura, que buscan una financiación adecuada.

El fortalecimiento de la Tercera Revolución Industrial, la inteligencia artificial y la adaptación a los estándares internacionales incidirán en la ampliación de los campos de acción de los abogados.

Áreas de práctica reconocidas

Cada año aparecen nuevas especialidades legales por cuenta de los cambios o ajustes en el mercado.

En el mercado coexisten las empresas multiservicios y es claro que, si bien ‘hay de todo como en botica’ en ellas, también hay casos en los que la firma y los profesionales tienen una fuerte inclinación hacia un área de práctica determinada. Por ejemplo, en el sector bancario y financiero el mercado y las propias empresas reconocen firmas como Brigard & Urrutia con juristas como Carlos Fradique y Manuel Quinche; Dentons Cardenas & Cardenas Abogados, DLA Piper, Rodríguez Azuero-Contexto Legal, así como al exdirector de Regulación Financiera, Andrés Flórez, desde Esguerra Asesores. Sobresalen además nombres como los de Claudia Barrero (PPU), Mariana Posse, Jorge Torrado Angarita y Néstor Camilo Martínez (DLA Piper). En derecho de la competencia figuran firmas como Esguerra Asesores Jurídicos, con profesionales como Alfonso Esguerra. También se destacan el ex superintendente de Industria, Emilio José Archila, Gabriel Ibarra y José Miguel de la Calle, quienes son destacados en publicaciones internacionales como Chambers & Partners.

Fortalezas

Sanclemente Fernández: energía y recursos naturales.

Dentons Cardenas & Cardenas: minería.

Norton Rose: derecho minero.

DAC Beachxroft: seguros y reaseguros.

Baker & Mckenzie: marcas y patentes.

Lloreda Camacho: propiedad intelectual y ciencias biológicas.

Brigard & Castro: propiedad intelectual.

Araújo Ibarra: comercio exterior.

Ibarra Abogados: comercio internacional.

Alvarez Escandón Liévano (Aesca): laboral.

Godoy Córdoba: derecho laboral.

Arrieta Mantilla & Asociados: derecho público.

Philippi, Prietocarrizosa & Uría: inmobiliario.

Pinilla Gonzalez & Prieto: inmobiliario.

Llega la ‘uberización’ al sector legal

Legaltech: Transformación digital en el sector legal.

Los despachos de abogados avanzan ajenos a los cambios generados por las nuevas tecnologías. Sin embargo, algunas firmas han decidido apostar por estas ventajas digitales para rebajar los costes de facturación y aligerar las cargas de trabajo.

Discográficas, agencias de viajes, periódicos, taxistas. Muchos sectores han sufrido estragos a consecuencia de Internet, las aplicaciones móviles y la posibilidad de encontrar información gratuita por la que antes había que pagar. Los ingresos se han desplomado y las viejas industrias han tenido problemas para encontrar nuevos modelos de negocio.

Hay un sector, no obstante, que ha seguido adelante como si nunca se hubiera inventado la tecnología: los servicios legales. Las prácticas laborales de los abogados “no han cambiado mucho desde los tiempos de Charles Dickens”, señalan Richard y Daniel Susskind en su libro El futuro de las profesiones.

Los abogados siguen ofreciendo un asesoramiento personalizado con un elevado coste. Los socios que más ganan presiden firmas piramidales, y cobran enormes honorarios, mientras que los equipos de abogados júnior se ocupan de hacer el trabajo pesado, como buscar precedentes y redactar contratos.

¿Podría estar a punto de cambiar esta realidad? Muchos abogados desdeñan la idea de que su trabajo pueda llegar a ser desempeñado por una página de Internet o una app. Pero muchos ajenos a la profesión, y algunos que pertenecen a ella, están desarrollando las herramientas que creen que revolucionarán la práctica legal.

Precios prohibitivos

Existe un argumento de peso: pocas personas hoy en día pueden permitirse un abogado. El coste es prohibitivo, apunta Rosemary Martin, asesora legal de Vodafone: “Si las corporaciones pensamos que es caro, no puedo imaginar qué sucederá con las pequeñas empresas y los particulares”.

Los principales bufetes de Reino Unido y EEUU, los mercados legales más competitivos, han incrementado ostensiblemente sus honorarios. A mediados de la década de 1980 los socios de las mayores firmas de Londres cobraban entre 190 y 220 euros por hora, según un informe del gabinete de expertos Centre for Policy Studies. En 2015, la suma alcanzaba entre 975 y 1.070 euros la hora, horquilla que se prevé que rebase los 1.260 euros este año.

En EEUU en 2014, los socios de 74 bufetes disfrutaron de unos beneficios individuales superiores a los 885.000 euros. En los casos de Wachtell, Lipton y Rosen & Katz, los beneficios por socio ascendieron a 4,9 millones de euros, de acuerdo con American Lawyer.

Aunque muchos ven un problema en la disparidad entre lo que ganan los grandes abogados y lo que la mayoría puede permitirse pagar, otros lo consideran una oportunidad. La profesión legal, aseguran, está lista para la innovación. Los taxistas de Londres, al igual que los abogados, están muy preparados. El conocimiento de las calles de la ciudad requiere años de experiencia. Pero la profesión de los taxistas se ha visto afectada por Uber, la aplicación que ha inundado las carreteras de conductores baratos que utilizan la navegación por satélite. Según los críticos, algo similar les ocurrirá a los abogados.

NextLaw Labs, una empresa de tecnología legal respaldada por el bufete global Dentons, apoya a las start up de tecnología. Su primera inversión fue Ross Intelligence, una start up de Palo Alto lanzada hace un año por Jimoh Ovbiagele y Andrew Arruda. Ross utiliza el sistema de inteligencia artificial Watson de IBM para realizar parte de las labores de investigación desempeñadas por los abogados júnior.

¿Cómo funciona el sistema? Pongamos que eres una pequeña empresa, explica Arruda, y uno de tus clientes ha quebrado. Sospechas que hay uno o dos casos legales que te ayudarán a recuperar lo que te deben. Mientras que un abogado tendría que buscar los precedentes, tal vez empleando una palabra clave, la herramienta de Ross Intelligence estudia miles de documentos para encontrar lo que la compañía quiere.

El sistema Ross está en una fase inicial, como la mayoría de los productos que sus defensores esperan que transformen el negocio legal.

Empresa de cambio

“Es muy pronto”, señala Mark Harris, el consejero delegado de Axiom, que afirma ser uno de los mayores proveedores mundiales de servicios legales basados en la tecnología, entre cuyos clientes se incluyen la mitad de las compañías del FTSE 100 y el Fortune 100.

Harris es abogado. En los años 90 trabajó para Davis Polk & Wardwell, una importante firma estadounidense, y se dio cuenta de que algo no iba bien cuando un socio le pidió que preparase la factura de un cliente. Cuando añadió las horas que había invertido, se dio cuenta de que se le pedía al cliente que pagase su salario anual completo por un mes de trabajo. “Empecé a obsesionarme: ¿dónde va a parar el dinero?” Aparte de los beneficios de los socios, se destinaba a las obras de arte que colgaban de las paredes del bufete.

Los clientes no eran los únicos descontentos con la situación, explica. También lo estaban los abogados júnior. “Tenían la sensación de que trabajaban mucho, cobraban poco y no se les apreciaba”, señala. En el año 2000, él y sus amigos crearon Axiom para ofrecer servicios legales más baratos a compañías. Eliminaron costes haciendo que los abogados trabajasen en las instalaciones de clientes, desde casa o desde las oficinas de la compañía, similares a un almacén. Con los años, Axiom ha incrementado el uso de tecnología para dar servicio a los clientes.

Algunos productos están diseñados para ayudar a los departamentos legales internos a gestionar su trabajo con más eficiencia. Riverview Law, una compañía afincada al noroeste de Inglaterra, va a lanzar lo que denomina “asistentes virtuales”. Los abogados corporativos podrán utilizar estos sistemas para identificar, en un panel digital, las divisiones en las que se han producido los problemas, el perfil de riesgo de cualquier caso, quién trabaja en él y durante cuánto tiempo.

Pese a estar licenciado en Derecho, Karl Chapman, el consejero delegado de Riverview, nunca ha ejercido como abogado. Asegura que le sorprende la poca información que los letrados y los departamentos legales internos tienen sobre su trabajo, desde cuánto les cuesta a su prolongación en el tiempo. “La ausencia de información es realmente sorprendente. Los minoristas y otros negocios poseen datos reales sobre los que tomar decisiones”, indica.

La tecnología parece primitiva en comparación con lo sucedido en otras industrias. Pero los que creen en ella piensan que puede ir más allá de la digitalización de los procesos rutinarios y realizar el complejo trabajo que los abogados creen ser los únicos que pueden desempeñar.

Entonces, ¿se aproxima el sector a su momento Uber? Algunos desdeñan la idea. “La gente habla de ello desde que soy abogado”, comenta un letrado de Nueva York. “Lo creeré cuando lo vea”.

Aquellos que ocupan los puestos más altos de los despachos de mayor éxito encuentran pocos incentivos para el cambio. El sistema les ha venido bien. Como socios, distribuyen los beneficios entre ellos y tienen pocos alicientes para invertir en nuevas tecnologías.

Hay otras fuerzas que influyen a favor de la profesión jurídica tradicional. Desde la crisis financiera de 2007, la regulación ha aumentado. Y las compañías tienen miedo de hacer mal las cosas, por lo que siguen contratando servicios legales. Esta máxima se cumple sobre todo cuando entran en nuevos mercados.

Pero los clientes corporativos están exigiendo un cambio. Chapman asegura que los costes crecientes de los servicios legales hacen el sistema insostenible. “Los clientes empiezan a rebelarse”.

Chapman también apunta que muchos departamentos legales de las compañías ya han reducido costes. Martin pone como ejemplo a Vodafone, que ha negociado honorarios fijos con sus abogados, en lugar de aceptar la facturación por horas. El grupo de telecomunicaciones también ha rebajado el número de bufetes que emplea de 70 a 10. Martin cree que la tecnología puede ayudar a departamentos como el suyo a reducir aún más los costes.

Un mayor uso de la tecnología no sólo abaratará los servicios jurídicos, sino que eliminará parte de su aura de misterio. El objetivo, señala, debería ser “que las empresas y las personas realicen más tareas legales por su cuenta. Entonces dejaría de parecer especial”.